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El Tribunal Constitucional precisó que las personas que padecen de VIH/Sida se ubican en un nivel superlativo de protección respecto del resto de la población.

Además, enfatizó que esto demandará del Estado y de la comunidad excepcionales medidas de protección sustentadas en el deber de solidaridad.

Esta postura queda manifiesta en el Expediente Nº 04749-2009-PA/TC, referido a la resolución de una controversia derivada de la actuación de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que declaró la extinción de la pensión de invalidez de un pensionista que padece de VIH/SIDA complicada con diabetes mellitus tipo II; ordenándose la restitución de la pensión del demandante.